La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, hizo un fuerte llamado al Ministerio de Relaciones Exteriores y a Migración Colombia, para que tomen el control de la situación de migración irregular que se vive en el archipiélago de San Andrés y en otras fronteras del país donde la crisis migratoria crece a diario. 

“Evidenciamos la falta de respuesta institucional. No se advierte el ejercicio de liderazgo por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, como autoridad rectora en materia migratoria”, aseguró la jefe del Ministerio Público.

Durante su intervención en la presentación del Informe preventivo sobre la Situación Migratoria en San Andrés, la Procuradora reveló que, en las diferentes fronteras visitadas por su equipo, se ha evidenciado que grupos armados ilegales se apoderaron de la migración para convertirla en su nuevo negocio ilícito, frente a lo cual, la actuación del Estado ha sido nula. 

La jefe del Ministerio Público describió cómo transcurre la llegada de los migrantes a la isla y llamó la atención también al sector privado para que ayude a evitar que las organizaciones ilegales utilicen los servicios que ellos prestan en la isla para sus fines. 

“Existe una responsabilidad del sector privado dentro de esta problemática. De un lado, las aerolíneas estarían omitiendo indagar a los viajeros sobre el tiquete de regreso luego de su ingreso a la isla. Por otro lado, al parecer, algunos hoteles y sitios de posada presentes en San Andrés, no están reportando la información necesaria de extranjeros hospedados en sus habitaciones”, reveló. 

Detalles del informe

 A su turno, el delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, explicó cómo, empresas legalmente constituidas, dedicadas a operaciones de turismo, estarían ofreciendo “paquetes turísticos” dirigidos a la población migrante, cubriendo la ruta entre San Andrés y Centroamérica cuyo costo oscila entre US$1500 y US$5000.

También que los migrantes en tránsito han establecido cambuches en la isla y en algunos callos como Pescador y Albuquerque, mientras logran conseguir los recursos para continuar su viaje, sin alimentos, expuestos a las inclemencias del clima y a las vejaciones de los grupos ilegales que los reclutan, como esclavitud, prostitución infantil y microtráfico, entre otros. 

Habló sobre los peligros que enfrentan durante el traslado, como la exposición de hasta 15 horas en altamar para evitar ser descubiertos por las autoridades, presencia de niños y mujeres embarazadas en las lanchas y el riesgo permanente de que los intercepten en altamar, grupos de delincuentes (piratas) que los despojan de su dinero y pertenencias. 

Finalmente, la Procuradora llamó a la unidad interinstitucional para adoptar medidas urgentes de atención y recordó que la potestad disciplinaria del ente de control está vigente, y no dudará en utilizarla, en caso de ser necesario, para proteger los derechos humanos y velar por el interés y el bienestar general.​